Denuncia penal por tráfico de influencias en el acuerdo sellado entre la Nación y el Correo Argentino
El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó una denuncia penal “por posible tráfico de influencias” a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A., que pertenecía a la familia Macri.
“Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron”, señaló el fiscal.
En declaraciones a radio FutuRock, explicó que ahora “correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal”.
Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, con considerarlo “abusivo”.
“Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda”, subrayó.
(Hora 22)
DENUNCIA DE NISMAN: PIDIEN EL REGISTRO DE LLAMADAS DE LA CASA ROSADA, DE OLIVOS, DEL CONGRESO Y DE 2 MINISTERIOS (Diario Veloz)
Reabren la causa que inició el exfiscal Alberto Nisman e imputan a cuatro exfuncionarios kirchneristas ausentes en la denuncia original
Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona cumplieron importantes funciones en el kirchnerismo y serán investigados en la causa por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, denuncia que Alberto Nisman presentó poco antes de morir y en la que involucró en primer lugar a la entonces presidenta Cristina Kirchner. Los nombres de los exfuncionarios del círculo íntimo de Cristina fueron aportados por el nuevo fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y no estaban incluidos en la denuncia original.
Pollicita investiga la causa junto al juez federal Ariel Lijo e imputó a este grupo de exfuncionarios por considerar que participaron en la elaboración del texto de memorando de entendimiento con Irán, en base de la acusación que había hecho Nisman. El funcionario judicial además ordenó una serie de 32 medidas de prueba que abren una nueva etapa en el caso, como lo había anticipado esta semana A Dos Voces.
Cuáles con las medidas de prueba que ordenó el fiscal
Pollicita analizó los audios de las intervenciones telefónicas había ordenado Nisman en vida y que habían sido aprobadas por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en las que se mencionan a Zannini, Parrilli y De Vido. Ahora el investigador estudiará qué rol pudieron haber tenido estos dirigentes en lo que el extitular de la UFI-AMIA denominó el "plan encubridor" para beneficiar a los acusados por el atentado terrorista a la AMIA, que se produjo en 1994 y dejó 85 muertos.
El fiscal pidió el entrecruzamiento de llamadas de los teléfonos que usaron los imputados por Nisman en su denuncia en el período de negociaciones con Irán entre fines de 2011 y el 2013. Esto incluye las comunicaciones entre Cristina, el entonces canciller Héctor Timerman, el dirigente ultraK Luis D'Elía y el líder de Quebracho Fernando Esteche (estos dos últimos eran los interlocutores con los jefes de la comunidad iraní en el país).
La medida alcanza además al exfiscal Héctor Yrimia, al diputado nacional K Andrés "Cuervo" Larroque, el presunto espía Ramón "Allan" Bogado y al dirigente del régimen iraní Alejandro "Yussuf" Khalil. El fiscal pidió además que le informen quiénes fueron los exfuncionarios nacionales que participaron de las negociaciones de la redacción del Memorando.
También requirió a la Secretaría General de Presidencia a cargo de Fernando de Andreis que le remita los registros de visitas en todos los accesos de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos de Timerman, De Vido, Parrilli, Zannini, Abbona, D'Elia, Esteche, Khalil, Larroque, Yrimia y Bogado, en el período que va del 2011 al 2015.
Estas medidas forman parte de las 45 que ya había pedido el fiscal dos años atrás, al recibir la denuncia tras la muerte de Nisman. Recién ahora se podrán realizar porque el caso había sido archivado dos veces por el juez federal Daniel Rafecas, hasta que la Cámara de Casación ordenó reabrirlo.
(TN)
Dictan la prisión preventiva para Alejandro Toledo, expresidente de Perú, por "tráfico de influencias" y "lavado de activos"
Un juez de Perú ordenó este jueves el arresto preventivo del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
A pedido de la fiscalía, el juez dictó la orden de detención nacional e internacional de Toledo por supuestamente haber recibido un soborno de US$20 millones de Odebrecht.
La fiscalía acusa a Toledo de tráfico de influencias y lavado de activos que pesan sobre él. El exmandatario niega las acusaciones.
Prisión preventiva
Toledo, que hasta el fin de semana se reportó que estaba en Francia, tiene su residencia habitual en Estados Unidos, donde trabaja en la Universidad de Stanford.
Precisamente ese fue una de las razones del juez, Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para dictar la orden de detención.
Otras razones esgrimidas por el magistrado fueron la complejidad del caso y la gravedad de los delitos.
(BBC Mundo)
Varias dotaciones de bomberos trabajan para sofocar un incendio que se inició ayer por la noche en unos pastizales ubicados en Punta Lara, en cercanías con La Plata
Por un incendio en Punta Lara, gran parte del conurbano y la Capital se llenaron de humo y un fuerte olor a quemado este jueves 9/02 por la noche. El fuego empezó esta madrugada en terrenos aledaños a la autopista La Plata Buenos Aires, a la altura del kilómetro 41 en la bajada Villa Elisa-Punta Lara.
Según los oficiales del cuartel de Punta Lara, la quema de pastizales fue reportada bien temprano, durante la mañana de hoy. Varias dotaciones trabajan en el lugar para combatir las llamas. Con el avance de la jornada, el humo y el olor a quemado llegaron hasta zonas del conurbano como Ituzaingó.
También se reportaron en distintos barrios del centro de la ciudad de Buenos Aires durante la noche, lo que puso en alerta a las autoridades. Algunos de los barrios afectados fueron: Constitución, Villa Crespo, Almagro, Palermo, San Cristóbal, Congreso y Recoleta. Debido a esta situación, la visibilidad en autopistas se vio fuertemente afectada por el fenómeno.
Sin embargo, nadie sabe por qué se originó. Desde el Cuartel Central de bomberos de la Ciudad informaron a este sitio que, de forma preventiva, habían enviado cuatro dotaciones a la Reserva Ecológica pero por el momento no tenían noticia de ningún siniestro.
Según publicó Télam, el incendio ya estaría controlado.
(Urgente24, Télam)
La Policía de la Ciudad detuvo hoy a un presunto cómplice del anestesista Gerardo Birillis, acusado de abusar de una jóven modelo en 2012
La Policía de la Ciudad apresó a un hombre sospechado de abusar de una joven junto a Gerardo Billiris, el anestesista que drogó y golpeó hasta casi matar a una chica.
La detención se produjo en el marco de una causa que tramita en paralelo a la golpiza sufrida por Belén Torres.
El anestesista fue denunciado en la comisaría 23ra. de la Policía de la Ciudad por una joven que reconoció su rostro al verlo en televisión y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción 40, a cargo del juez Rodolfo Cresseri, quien delegó la instrucción en el fiscal Marcelo Roma.
Según su declaración de la joven, el hoy detenido junto al anestesista habían abusado de ella tras drogarla en un hecho ocurrido en 2012. El hombre detenido es Juan Martín Mercado, cuya orden de captura nacional e internacional fue dictada por el juez tras el testimonio de la chica.
El magistrado ordenó a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad la búsqueda del sospechoso localizando los investigadores cinco posibles domicilios en los que podía estar.
Según un parte oficial, la brigada detectó al sospechoso ingresando a uno de los domicilios, ubicado en Soldado de la Independencia al 700 en el barrio Las Cañitas.
El detenido fue trasladado a la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad donde quedará a disposición de la Justicia.
(Clarín)
Denuncian al Gobierno de Mauricio Macri por condonar la deuda del Correo Argentino en casi $70.000 millones
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se rechace la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo, que implicaría una quita de deuda que podría alcanzar los 70 mil millones de pesos hacia el año 2033. Para la representante del Ministerio Público Fiscal lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.
Además, Boquín advirtió que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A”. Y, en ese sentido, advierte sobre un posible conflicto de interés en el funcionario del gobierno nacional (el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa) que negoció el acuerdo con la empresa.
“Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él (en referencia a Mocoroa), podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal.
La propuesta que Correo Argentino hizo al Gobierno nacional, y que fue aceptada, “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual), de acuerdo a la primera oferta, que había sido rechazada. Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
Además, Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
La otras denuncias
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió un expediente sobre el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino S.A., que gestiona la familia Macri, sobre la deuda que la compañía tiene con el Estado y que fue considerado como un abuso y un "perjuicio" por parte de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que pidió que sea rechazado.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rodríguez abrió formalmente una investigación interna que podría derivar en una denuncia administrativa o penal y pidió más información sobre el caso para incorporar al expediente. A eso se suman cuatro denuncias penales que diputados de la oposición y abogados presentaron contra el presidente Macri y su padre, el empresario Francisco Macri, dueño del Correo.
La fiscal Boquín fue quien puso en conocimiento a la PIA del caso. Lo hizo ante lo que consideró podría ser una irregularidad en la intervención en el concurso preventivo del Correo de Juan Carlos Mocoroa, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, porque tenía una designación transitoria y no contaba con una autorización expresa para representar al Estado en el expediente.
Rodríguez, como titular de la PIA, recibió hoy la causa y abrió una carpeta de investigación en la que incorporó los dos dictámenes que la fiscal presentó en la causa, uno en diciembre del año pasado y otro de este martes. "Estamos leyendo los dictámenes y analizando el caso", le dijo a este medio uno de los funcionarios de la PIA que trabaja en el caso.
Desde la Fiscalía le pidieron a Boquín toda la información y documentación que tenga en su causa para agregar al expediente. Hicieron hincapié en el estudio que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación y que concluyó que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino implica una quita de deuda de 4 mil millones de pesos y de más de 70 mil millones a 2033.
La investigación interna de la PIA puede tener varias derivaciones. Una es que no encuentren en el caso objeciones para realizar. Otra es que sí las encuentren. En ese caso, podrían ser de índole administrativa o penal, o ambas, por lo que se avanzaría en las correspondientes denuncias.
Por otra parte, hoy se presentaron en los tribunales de Comodoro Py cuatro denuncias penales contra Macri, Franco Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el abogado Mocoroa, por distintos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública. Las denuncias fueron hechas por diputados del Frente para la Victoria, por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y por dos abogados.
El gobierno de Macri y el Correo Argentino –controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri–firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda que la empresa tiene con el Estado desde 2001 y por el que atraviesa un concurso preventivo. La deuda original era de 292 millones de pesos pero los técnicos de la DAFI estimaron su crecimiento por el paso de los años, el valor del dólar tras la salida de la convertibilidad y la tasa activa de interés del Banco Nación
La fiscal Boquín le pidió a la Cámara Comercial que rechace el acuerdo de pago de 15 cuotas anuales con un interés del 7 por ciento porque implicaba una quita del 98,82 por ciento de la deuda. "Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente", sostuvo.
Según la fiscal –en base al cálculo de la DAFI– la quita de la deuda a febrero es de 4.227 millones de pesos y de 70.163 millones proyectada a 2033, año en el que está previsto el pago de la última cuota. "La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional", consideró.
Desde el Gobierno defendieron el acuerdo. "A Franco Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses", dijo Mocoroa en diálogo con radio Nacional. "Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses", agregó el abogado.
(Hora 22, Infobae)
