Informe especial, por Gabriel Zas

Viacom/Telefe: ¿una amenaza para la producción nacional?


1. Introducción

El Grupo español Telefónica vendió en casi 400 mil millones de dólares el canal argentino Telefe (del que fuera propietario) al multimedio estadounidense Viacom, concesionario de los canales VH1, MTV, Nickelodeon, entre otros. ¿La razón? Motivos financieros. Según consignó el diario La Nación, la firma de Estados Unidos (controlada por la empresa National Aumesent, también controlante de la cadena CBS) sufrió un decaimiento económico grave que lo dejó al borde de la quiebra en diciembre de 2005. Sin embargo, se levantó rápidamente y entre el 2015 y el 2016 facturó más de 20.000 millones de dólares. Viacom se convirtió así  en uno de los mayores ceos multimedios más importantes del mundo.
Asimismo, existen fuertes rumores acerca de una posible fusión con el gigante CBS, por lo que la adquisición de Telefe llegó en un momento clave y agitado para la sociedad estadounidense. 

¿En qué se beneficia Viacom con la compra de Telefe? Según lo informado por varios medios, Telefe es el canal más visto de la televisión abierta argentina, cuyo comprendido incluye la producción de novelas y contenidos en general, muy reconocidos y populares en América Latina. Además, el convenio incorpora productoras, aplicaciones móviles de Telefe y los ocho canales que el multimedio argentino tiene distribuidos en el interior del país. Según informa el diario Perfil, entre los principales motivos de la operación, que beneficia a ambas Partes, aparecen:

—El loteo a productoras en los fines de semana, que le garantizan ingresos a estructuras con poco personal.

—Así, Telefe central recupera con ingresos los déficits del mantenimiento de la estructura de Buenos Aires.

—La capilaridad de la red del interior le permite también captar recursos de las pautas oficiales.

—La opción de las “latas” le permitió en los últimos años maximizar ingresos comerciales con bajísimos costos, sin punto de comparación con los de las producciones locales.

—Una eficaz estrategia que le permitió alcanzar una posición líder en la audiencia.

—No son menores (alrededor de un 15% del total) los aportes de la distribución de Telefe Internacional, afirman en el sector. 

Pero quizás, el dato más desconocido es que en 2015 el ERNACOM autorizó, a través de la resolución 35, la transacción “operario-licenciatario”, que contempla el provecho del canal Orbe 21de la Iglesia Católica hacia su transición a la Televisión Digital Abierta. Según dejó entrever el sitio Norte en Línea, “esa otra señal es la correspondiente a la “re-asignación” dada por la Resolución 38 de la misma fecha, la cual le otorga a la Iglesia sólo una porción de la asignación original.  El canal completo (canal 21) ya había sido autorizado institucionalmente, con mucha anterioridad, mediante Decreto del PEN de octubre del  2001, a una Institución Pública de la Iglesia Católica de Argentina, lo cual implicó un verdadero despojo de sus obvios derechos adquiridos sobre todo ese “territorio” espectral, que si bien es intangible, es ciertamente real”.

A raíz de ésta apreciación se desprende, siempre de acuerdo a lo informado en el mismo artículo, que ambas resoluciones le restarían bastante espacio radioeléctrico para desarrollarse tanto a una persona jurídica de carácter público como a una de iguales condiciones de carácter privado, por lo que el ERNACOM podría impugnar ambas resoluciones por no haber sido advertida la irregularidad a su debido tiempo. 


2. Impacto y consecuencias

La operación llegó en un momento particular en Argentina: el presidente de la Nación es Mauricio Macri, quien está interesado en que un Grupo tan importante invierta en Argentina, y esto no es casual, porque Macri quiere restablecer vínculos políticos, sociales y económicos con Estados Unidos.

Para empezar, como indica Damián Becerra, es incipiente visualizar cómo será el futuro de la producción local y en qué medida se vería afectada, aunque uno puede plantearse una idea clara al respecto.

Un primer análisis de interpretación arroja que se está infringiendo  el Artículo 45 de la Ley de Medios 26.522, ya que la iniciativa responde a la producción de contenidos para Latinoamérica y no toma en cuenta la producción nacional y la distribución y diversificación de contenidos locales, propios, dependientes e independientes dentro del territorio federal. Transgrede el Artículo 45 (sobre la multiplicidad de licencias) en la medida en que entiendo que el acuerdo no respeta la diversidad, la pluralidad y las limitaciones de la concentración, lo que a su vez, lleva a que también se está violando el Artículo 48 de la misma Ley de Medios, el cual advierte sobre las prácticas de concentración indebida, al legislar que se debe verificar la existencia de societarios que promuevan la concentración vertical u horizontal, lo que afecta directamente el efectivo cumplimiento de la multiplicad de licencias vislumbradas en el Artículo 45, generando incompatibilidad en la aplicación de sus recursos y de la propia ley.
En virtud de la maniobra operatoria que Viacom pretende ejercer sobre Telefe a los efectos de explotar sus contenidos, también infringe el Artículo 44 (sobre indelegabilidad) incisos: c), sobre la celebración de contratos de exclusividad con empresas productoras de contenido (Telefe es productora de contenidos a gran escala); d), sobre el otorgamiento de mandatos a terceros (Viacom tiene la completa potestad sobre la producción de contenidos de Telefe), lo que por defecto viola también el inciso e), que alude a la delegación a terceros de la distribución de contenidos. Para la Ley 26.522, dichos eventos son susceptibles de faltas graves.
También, podría estar violando el Artículo 60, inciso c), que obliga a los responsables de una emisora a constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Viacom es dueña legítima de Telefe y desembarcó hace pocos días en sus estudios. Pero, en realidad, Viacom debería instituirse legalmente como dictamina la ley.

El Artículo 65 también está siendo quebrantado al no respetar los porcentajes de cuotas de producción nacional ya que Viacom estaría claramente enfocada en destinar sus contenidos como empaquetadora para la región de América Latina, cuya lógica es inherente al Artículo 67 de la misma Ley de Medios, que enmarca las cuotas de porcentaje referidas al cine y a producciones audiovisuales nacionales. Y también el Artículo 63, al considerar de forma manifiesta el límite de porcentaje de audiencias en detrimento a la vinculación de emisoras.

Indefectiblemente,  vienen a colación los 21 nuevos puntos del Derecho a la Comunicación, de los cuales también hay varios transgredidos y vulnerados:

- 1) La comunicación es un derecho humano que incluye todas las plataformas. Es un derecho universal de recibir y difundir información y opinión sin censura previa.
- 2) Limitación de la concentración para promover la diversidad y el pluralismo.
- 3) Rol activo y presente del Estado: el Estado tiene que ser un garante de los derechos mencionados en los ítems anteriores. No es este el caso ya que pareciera que busca su propio interés personal.
- 7) Autoridad de aplicación con participación federal y social: la regulación sólo es legítima si es aplicada por un órgano que no interfiera políticamente y de índoles variadas.
- 9) Propiedad diversificada: refiere a la manutención de los estándares internacionales sobre la propiedad cruzada para garantizar el pluralismo y la diversificación de voces y actores.
- 10) Licencias locales y nacionales y sus alcances.
- 11) Contenido local, propio, nacional e independiente: sobre el alcance de las producciones.
- 17) Soberanía en las comunicaciones: sobre los recursos industriales, científicos y tecnológicos aplicados al patrimonio cultural y nacional como una estrategia de comunicación garantizada. 
- 18) Derecho a acceso a contenidos de interés relevante: garantizar el acceso universal a contenidos de trascendencia.
- 20) Producción y trabajo digno.
- 21) Regulación con plenos derechos: El Estado como actor principal para endosar que se cumplan todos los derechos otorgados por ley.
También, es pasible de objeción el despido inminente de personal de Telefe para incorporar en su lugar operarios que respondan a la firma Viacom. Los puestos laborales se ven altamente amenazados.


3. Impacto cultural e industrial y el fin de la libertad de expresión

Lo primero que me nace preguntar es: ¿cuánto influyó la Ley de Medios 26.522 en la decisión de Telefónica Argentina de vender Telefe a un monopolio estadounidense como es Viacom? La respuesta es sencilla: en casi un 98%. La Ley de Medios, desde su sanción en octubre de 2009, fue pensada para la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas dentro del nuevo paradigma que responde a un cambio de estructura cultural con el claro objetivo de trascender a las nuevas voces y nuevos actores en un ideal de sinceramiento democrático. Pero el inconveniente más grande que se presenta como un obstáculo complejo de derribar es el Gobierno de turno, que no piensa el derecho a la comunicación como un derecho en sí, sino como una mercancía, como un negocio para invertir en capitales y a gran escala. A tales propósitos, la convergencia y la concentración mercantil son una misma cosa. 

El hecho de pensar a la comunicación como un negocio afecta de forma directa las medidas de pluralismo y diversidad para abordar un acuerdo ecuánime, desde lo cultural y lo social. El plan sistemático del macrismo consiste, en otras palabras, en devolver la comunicación a la lógica empresarial del “dejar pasar, dejar hacer”.

 El derecho a la comunicación queda sujeto a una cuestión económica. Y sin dudas, ésta premisa empuja hacia la cuerda floja a la libertad de expresión. Por tal razón, justifiqué en el apartado anterior, que no fue casual que la transacción Viacom/Telefe llegase en estos momentos, en donde además hay inflación desmedida, el desempleo va en malogro con eso y con el sinceramiento fiscal, y la batalla de los medios se hace cada vez más resistente y más peligrosa. (Cuadernillo de cátedra Unidad 4 de la Universidad Nacional de Avellaneda, materia Derecho de la Comunicación, pgs. 43 y 44).

Este pasaje que el macrismo impulsó a través de decretos, eludiendo las audiencias públicas fijadas por ley, supone una transgresión grave al derecho social de debatir y poner en mesa todos estos criterios. Además, encuadra una grave falta al derecho humano de informase, al librar a los operarios de obligaciones de servicio social, cultural e informativo, por lo que perjudica tajantemente el derecho de los argentinos de acceder a la información.

Se genera así un distanciamiento, en donde la TV analógica compite contra las convergencia en las que están insertas las aplicaciones de TV digital, TV por cable, Internet y TV satelital. Entonces, consecuentemente, el canal local ( en este caso, Telefe) “pierde la distribución que tenía asegurada a los hogares” (Cuadernillo Unidad 4, pg.48), obligada a obedecer a las demandas e implicancias de Viacom. Y por eso la operación no reparó en artículos claves de dicha Ley de Medios.

El impacto es entonces cultural, pero también político, porque la política necesita de los medios para existir y los medios necesitan de la política para certificar su agenda. Por lo tanto, hay una reciprocidad inmanente a un criterio de lógica remunerativa. 
Paradójicamente, la ley promueve el pasaje de una mediación corporativa (Telefe) a manos de medios y corporaciones privadas (Viacom), sin importar la posible transgresión parcial o total de parte de sus artículos. (Cuadernillo Unidad 4, pg.48)
¿Qué dice el Gobierno a todo esto? Su postura es consistente a las limitaciones de implicancia que genera los avances tecnológicos. Pero, la realidad es que le arrebata el derecho a la comunicación al sector popular y social, y la oferta al mejor postor en la circulación del libre comercio, porque el Presidente Mauricio Macri es empresario y piensa como tal, y todo su comité de trabajo replica sus políticas a rajatabla. 

Ampara así su derecho en el DNU 267, cuyos estamentos eliminan los preceptos de primacía del sector público por sobre el privado, y Viacom se hace casi de manera ilegítima acreedora del canal 11 de Buenos Aires, los ocho canales que tiene distribuidos a lo largo del territorio nacional; de una plataforma de aplicaciones que agrupa Telefe Noticias, Mi Tefelefe, Uplay, una extensa red de canales instituidos por Telefe, un convenio de asociación con Mercado Libre, doce estudios propios de producción y una biblioteca de 33.000 horas de contenido con distrubución en más de cien países. (TP final, artículo, pg.3). Convergen entonces canales de aire, TV digital e Internet, a través del uso de múltiples plataformas.

“Éstas políticas contradicen todos los estándares internacionales en materia de derecho de la comunicación. Pero lo peor es que también van en contramano de los propios principios regulatorios de los mayores mercados mundiales de medios y soportes convergentes”, ya que “se acepta el principio de que las garantías de debate democrático de una sociedad sobre la existencia de diferentes puntos de vista” (Cuadernillo Unidad 4, pgs. 49 y 50).

Como indica Mastrini en De la concentración a la convergencia, “la concentración es un proceso de facto que regula el mercado, incrementando la fortaleza de pocos actores” y motivando la desaparición de representantes pequeños o marginales.
A modo de cierre del presente apartado, y para dejar bien en clara la idea central de lo propuesto en líneas anteriores, la regulación convergente digital que interviene en la operación Viacom/Telefe es política-económica-industrial, porque aparece un mega regulador que suma funciones a las ya existentes, dándose un modelo de cooperación entre organismos efectivos. 

Es una suerte de convergencia institucional. Y como sostiene el Informe McBride, la fusión de los intereses comerciales, financieros o industriales en una sola entidad se precipitará contra obstáculos, y uno de esos mayores obstáculos que en este caso particular se presenta es la libertad de expresión, afectada directamente por los propios intereses comerciales y mercantiles, que a su vez, perjudican gravemente la producción local y nacional, la cual queda sujeta a la libre disposición de la lógica operativa invocada: los nuevos contenidos buscarán rédito y se redireccionarán hacia una nueva audiencia, dejando obsoleta a la que hasta ahora se mantuvo fiel a una grilla de programación inamovible. 


4. Conclusión

Las estadísticas emitidas por el AFSCA en 2010 dan cuenta del poder de concentración que reúne Telefe en cuanto a la producción de contenidos: un 44%, dejándolo posicionado en un cómodo primer lugar y sin competencia. Hoy, seis años después, los números no se modificaron demasiado y según el relevamiento de varias empresas privadas, Telefe sigue siendo el canal más visto de la televisión argentina, lo que fue la gran atracción para los inversores de Viacom.

Sin embargo, la Ley 25.750 (preservación de bienes y patrimonios culturales) indica que “la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario”, y además legisla que “las empresas culturales no podrán ceder el control sobre los contenidos de su producción”. Resta preguntarse hasta qué punto estas cuestiones se respetan y se respetarán a lo largo de la nueva vinculación. ¿Qué otras consecuencias va a traer ésta operación que acá estamos omitiendo? El paso del tiempo es el único que tiene la respuesta a ésta y muchas otras inquietudes.