Judiciales

Quedó formalmente reabierta la investigación que el exfiscal Alberto Nisman inició contra la expresidente Cristina Fernández y contra varios de sus funcionarios del Gobierno

Con la orden del juez federal Ariel Lijo de realizar medio centenar de medidas de prueba, quedó formalmente reabierta la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman había hecho contra la ex presidenta Cristina Fernández, por presunto encubrimiento en el atentado a la AMIA.

Hoy, Lijo encomendó la investigación al fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá llevar adelante las medidas de prueba que había descartado el anterior juez de la causa, Daniel Rafecas. Todo sucedió poco después de la muerte del fiscal Nisman.

En la acusación, se advertía sobre la “existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados” en el atentado de 1994, e implicaba a la ex mandataria junto a otros de sus funcionarios, como el ex canciller Héctor Timerman.

Otros involucrados son, además Andrés Larroque, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y Ramón Allan Héctor Bogado.


El trámite

En paralelo, Lijo abrió un “incidente” para comenzar a resolver si se queda con la causa o la envía a su colega Claudio Bonadío, quien la reclamó en octubre pasado argumentando tener a su cargo una investigación similar más avanzada, según una resolución firmada hoy, en el reinicio de la actividad judicial tras la feria de enero.

Entre las pruebas pedidas por Pollicita el 13 de febrero de 2015 en un dictamen de 62 carillas hay allanamientos, citación de testigos, cruces de llamados entre los denunciados y otras medidas para intentar corroborar si hubo, por ejemplo, visitas de algunos de ellos a la Casa Rosada en las fechas señaladas por Nisman.

Pero apenas presentado el dictamen en que se imputó a la ex presidente, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito” y la archivó.

En el nuevo escenario planteado desde ahora, Pollicita tendrá que analizar cuáles de estas medidas pueden ser llevadas a cabo a dos años de la denuncia y si se justifica avanzar con algunos allanamientos ante el tiempo transcurrido, explicaron fuentes judiciales.


(Hora 22)