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| Foto: Infobae |
El 2016 dejó en claro cómo es la forma que tiene el Gobierno de Mauricio Macri de contrarrestar los efectos adversos que dejó la gestión anterior. Su modo de reactivar la industria nacional, erradicar las secuelas de la inflación y abrir nuevos horizontes al mundo laboral y déficit poblacional y social es muy evidente: aumentar los servicios públicos y privados. Muy lejos de encontrarse con una conformidad masiva, más de la mitad de los argentinos expuso su descontento sin miedos y arremetió duramente contra las medidas implementadas por un Gobierno que adopta normas que van contra sus principios y promesas hechas al comienzo de su liderazgo.
El mayor problema se vislumbró en el incremento de los servicios eléctricos y gasíferos. Si bien el decreto fijaba una suba de hasta un 400%, muchas empresas hicieron vista ciega a sus cláusulas y propiciaron un acrecimiento de hasta un 2000% en diversos casos comprobados, un dineral fuera del alcance de muchas personas, pese a que se mantiene sujeto el importe de las tarifas sociales. En reclamo, un gran número de personas se autoconvocó en distintos puntos del país el jueves pasado para realizar un cacerolazo como forma de protesta contra el tarifazo. Ahora, la Justicia frenó el aumento y obligó a las manufactureras prestadoras de los servicios a replegar la medida y emitir las facturas con el cuadro tarifario anterior vigente, aunque aún no hay una resolución definitiva al dilema. La Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial para que el tema se siga debatiendo, definir si da o no lugar a la aplecación interpuesta por el Gobierno nacional y la gente continúe haciendo llegar sus quejas por errores de facturación. Hoy, el jefe de Gabinete Marcos Peña, solicitó que las personas se abstengan de abonar el detalle de la cuenta hasta que el fallo sea perentorio, y exigió en este sentido que la Justicia resuelva cuanto antes el asunto para que vuelva a existir una organización económica y administrativa en la prestación de los servicios en disputa.
Además, también aumentaron el transporte público (a fin de este mes y comienzos del próximo, el Subte eleva su importe a $7,50) y varias prestaciones del sector privado.
Pero en este contexto de puja judicial, quejas, desconentos y demandas inacabables, el Gobierno apuntó en su agenda política otra ola de aumentos que se preveén se aplicarán durante el transcurso del 2017, que afectarían los mismos servicios que afectó el aumento actualmente vigente, aunque con una condición señalada hoy por el diario El Destape: "La idea que está rondando en la Casa Rosada es hacer la inversa de lo ocurrido este año. Es decir, que aquéllos servicios que aumentaron en un porcentaje mayor en 2016 sufran un incremento inferior, en línea con la inflación, mientras que los que subieron menos (en comparación) pegarán un salto más grande en 2017".
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